El panel de 'Duro de callar' acusó directamente al jefe de Gabinete Manuel Adorni de cometer un delito al viajar a Punta del Este en un jet privado posiblemente pagado con fondos públicos y llevar a su pareja en el avión presidencial a Nueva York violando el decreto 712/2024. Diputados presentaron pedidos de interpelación e informes para que Adorni acuda al Congreso con documentación que aclare quién pagó el vuelo de 12 mil dólares, pese a su deuda declarada de 43 mil dólares y sueldo millonario. Ya enfrenta dos denuncias penales que deberá explicar, en medio de críticas por la comitiva oficial a Estados Unidos.
Los conductores calificaron los hechos como un 'cunga' o robo flagrante al pueblo argentino que no llega a fin de mes, insistiendo en que no fue pagado por un empresario sino con plata de todos, y que la gente de La Libertad Avanza está enojada. Criticaron el 'modo de vivir' del gobierno de Javier Milei, con funcionarios yendo de picnic con parejas no oficiales, nombrando a un ministro específico, en plena crisis económica donde 'la realidad le está ganando por knockout'.
Un invitado defendió al gobierno destacando inversiones por 16.000 millones de dólares anunciadas en la Argentina Week en Estados Unidos, como los 3.900 millones de Mercado Libre que generarán 1.900 puestos de trabajo, y el RIGI que obliga a invertir 40% en dos años. Sin embargo, otro panelista contraatacó con datos de 30 empresas destruidas por día, pérdida de 300.000 puestos formales, precarización y retroceso en educación y ciencia desde 2015.
El programa intentó conectar en vivo con el hotel en Punta del Este donde Adorni hospedó a su pareja para consultar precios de habitaciones single y doble, cuestionando el costo marginal cero alegado. El debate escaló comparando: si Adorni fuera peronista, sería linchado, pero como libertario se defiende. Diego apuntó al peronismo por corrupción histórica, sentencias por genocidio en 1947 y crímenes de lesa humanidad, versus Milei como renovador similar a López Murphy en 2001.
En las protestas con 39 muertos y 500 heridos, la mayoría ocurrió en provincia de Buenos Aires bajo gobernadores peronistas, con policía provincial responsable según datos judiciales, incluyendo figuras como Ramón Mestre procesado. El cierre medió para evitar que pareciera burla a la tragedia, pero la tensión explotó con interrupciones y reclamos de datos 'truchos'.