La empresa FATE incumplió un acuerdo homologado que le impedía realizar despidos hasta julio de 2026 a cambio de recibir miles de millones en beneficios fiscales y exenciones tributarias, reveló Alejandro Crespo, delegado del SUTNA, en una entrevista telefónica. La Justicia de San Isidro declaró legítima la ocupación de la planta por los trabajadores, rechazó la denuncia de delito de la empresa y extendió la conciliación obligatoria por cinco días más. Los obreros resisten hace casi un mes exigiendo salarios adeudados de diciembre y febrero, aguinaldos y la reapertura de la única fábrica argentina de neumáticos para camiones y colectivos.
Crespo aclaró que la planta está lista para producir inmediatamente, con materia prima disponible y máquinas reparadas, pudiendo generar vapor en calderas y salir cubiertas el lunes. Desmintió la supuesta venta de terreno por 27 millones de dólares, explicando que se trata de una concesión para baterías eléctricas en un espacio verde que genera ingresos sin afectar la producción. Afirmó que la empresa tiene liquidez, con ganancias pasadas de 190 millones de dólares y activos, y que las multas del Ministerio de Capital Humano por no pago de salarios podrían superar el 2000% de un salario mínimo, equivaliendo a 8 millones de pesos por trabajador.
El SUTNA cuenta con apoyo unificado de CGT, las dos CTA y un amplio arco gremial y político, además del 75% de la sociedad argentina, según Crespo, quien destacó la presencia en movilizaciones y ollas populares donde vecinos del barrio comen junto a los despedidos. Acusó a FATE de no pagar aportes jubilatorios ni impuestos, estafando al Estado y a los trabajadores, y de generar un lockout ilegal mientras negocia con el gobierno de Javier Milei, que oculta despidos masivos. La empresa enfrenta un sumario y multas progresivas, pero el dinero iría al Estado, no directamente a los obreros.
Crespo enfatizó que incluso en quiebra, los salarios son prioritarios por ley, y que Madanes Quintanilla tiene plata para indemnizaciones. Los trabajadores presentaron un amparo por la violación del pacto firmado por Ministerio de Trabajo, AFIP, sindicato y empresa. Solicitan audiencia urgente en Secretaría de Trabajo para nueva conciliación y proponen intervención estatal o proyecto de ley para garantizar continuidad productiva.