Más de 18.000 personas se anotaron para las audiencias públicas sobre la modificación de la ley de glaciares, lo que generó un conflicto inesperado en la Cámara de Diputados. Se habían previsto dos días: el 25 de marzo una audiencia presencial en el Congreso abierta a cualquier interesado, a favor o en contra, y el 26 de marzo una virtual para participantes de provincias.
La oposición acusa al oficialismo de no poder acomodar a tantos en solo dos días de 12 horas, sugiriendo que se necesitarían meses de debate. El gobierno propone topes, escritos alternativos o filtrar participantes, pero la oposición advierte que bloquear la participación prometida podría derivar en judicializaciones.
El oficialismo se encuentra en un brete, ya que no quiere ceder en las audiencias originales, pero las inscripciones siguen abiertas hasta el 20 de marzo y podrían superar los 25.000. Panelistas bromean con mega audiencias en el estadio de River Plate, impulsadas por Martín Menem.
Se destaca que abrir la participación pública obliga a respetar las reglas, y cuando la gente quiere expresarse, genera tensiones.