El proyecto con media sanción en Senadores modifica la ley de glaciares de 2010 y delega a autoridades provinciales la decisión de proteger o excluir glaciares de reservas estratégicas, permitiendo actividades extractivas como minería.
La docente de Agronomía de la UBA, Laura Isla Rafael, alertó que esta norma pionera en el mundo ahora retrocede al dejar en manos provinciales, como ministerios de Ambiente, determinar con información científica si un glaciar debe protegerse, pese a su rol clave en reserva de agua dulce, regulación climática y sustento de ecosistemas en regiones áridas que representan dos tercios del país.
Argentina es excepción global al debilitar protecciones en el Año Internacional de los Glaciares, mientras el inventario nacional del IANIGLA-CONICET queda subordinado. Isla Rafael señaló falta de movilización masiva social por desconocimiento de la ley y rol de glaciares, aunque ambientalistas, ONGs y asambleas convocaron protestas contra el proyecto impulsado en gestiones previas.
Las autoridades competentes provinciales usarán datos científicos para evaluar funciones hídricas, pero críticos ven riesgo de aprobación de proyectos mineros dañinos.