Las familias desalojadas por el derrumbe en Mirave y Mafalda de Parque Patricios ingresan por turnos de apenas cinco a diez minutos para retirar pertenencias esenciales de sus departamentos, custodiados por un amplio operativo de seguridad con policías y bomberos. La periodista Emma Herrera reporta en vivo el nerviosismo de los vecinos, que esperan con valijas vacías y entran torre por torre ante la falta de suministro eléctrico y servicios básicos, limitándose a horarios diurnos.
Los afectados enfrentan una judicialización prolongada, ya que el programa PROCREAR, responsable de la construcción del complejo, fue discontinuado y no existe más para responder por los daños. El economista Hugo Vázquez explica que las constructoras deben hacerse cargo, pero la ausencia de una entidad central complica los reclamos, dejando a las familias en hoteles o casas de familiares mientras peritos evalúan la seguridad.
Los créditos hipotecarios pendientes agravan la crisis, ya que no hay devolución inmediata del dinero invertido y las propiedades se desvalorizan por la inseguridad edilicia, arriesgando que el complejo se convierta en un 'fantasma'. Los vecinos naturalizan la precariedad, pero el proceso promete extenderse largo tiempo sin soluciones rápidas.