Bolivia reactivó una campaña para destruir cultivos ilegales de hoja de coca, que aumentaron un 10% en 2025 alcanzando unas 40.000 hectáreas, según la ONU.
La operación arrancó simbólicamente en Chimoré, Trópico de Cochabamba, bastión de Evo Morales. Aunque la hoja de coca es legal para usos tradicionales por la Constitución de 2009, parte se desvía al narcotráfico.
El gobierno de Morales amplió el límite legal de 12.000 a 22.000 hectáreas en 2017. El ministro Marco Antonio Oviedo anunció controles estrictos. Campesinos afines a Morales mantienen vigilias temiendo su detención.