La comunidad universitaria nacional inició un paro por tiempo indeterminado ante la no implementación de la ley de financiamiento universitario, aprobada cuatro veces en el Congreso pese al veto presidencial y una cautelar judicial a favor del CIN.
Guillermo Durán, decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, denunció que el gobierno de Javier Milei salta las reglas democráticas al ignorar la ley y propone un aumento salarial del 12% en tres cuotas de 4%, insuficiente ante la inflación que ya devoró la primera cuota.
Explicó que los salarios perdieron más del 52% desde diciembre 2023, necesitando un 52% para equiparar, mientras un ayudante de primera dedicación exclusiva cobra poco más de 5.000 pesos por hora y un profesor adjunto con doctorado y 15 años de antigüedad unos 9.000 pesos, menos que trabajos informales o privados que ofrecen el triple o cuádruple.
Los problemas van más allá de salarios (90% del presupuesto): retrasos en gastos de funcionamiento afectan laboratorios, servicios como luz y gas con aumentos no actualizados, becas de investigación y calidad general. Docentes emigran a privadas, exterior o industria, poniendo en riesgo la universidad pública de calidad.
Gremios docentes, no docentes y estudiantiles discuten medidas de fuerza en todas las universidades. Durán advirtió desde diciembre que no habría cuatrimestre normal sin implementar la ley.