La justicia emitió una orden de presentación contra la Cancillería, exigiendo en cinco días toda la información sobre contrataciones previas con la Asociación Argentina Cultural Inglesa, cuya directiva incluye a María Joséfina Robliet, esposa de Federico Sturzenegger.
El fiscal Carlos Rivo investiga posibles irregularidades, como contratos inflados, matrículas ficticias y falta de licitación pública, en un expediente acumulado por denuncias de abogados. Se cuestiona si valían los cientos de millones de pesos pagados por cursos de inglés con pocos alumnos reales, como un contrato de 114 millones para solo diez personas.
Los conductores destacan la adjudicación directa sin licitación, pese a otras entidades disponibles, y critican la relación familiar como direccionamiento. Ironizan sobre Sturzenegger, apodado "el coloso" y "hombre de la motosierra", señalando hipocresía al recortar en otros áreas mientras benefician a su entorno.
Se menciona que Sturzenegger actuó sin cargo formal inicialmente, alquilaron oficinas caras para él contra la política gubernamental, y rematan bienes públicos como el INTA mientras alquilan a precios altos.