La Inspección General de Justicia (IGJ) solicitó veedores para revisar los contratos y balances de la Superliga, razón social de la Liga Profesional de Fútbol, por un monto de más de 350 millones de dólares manejados entre 2020 y 2024.
El pedido fue firmado por el titular saliente Daniel Roquevito el 5 de marzo, antes de su renuncia, e incluye expedientes calientes como la empresa Turprudenter, creada en Estados Unidos para manejar fondos de contratos de la selección argentina sin necesidad aparente, y las operaciones de Ariel Vallejos, ligado a auspicios y préstamos irrisorios a clubes de bajas categorías.
Fuentes cercanas a los expedientes afirman que la AFA, presidida por Claudio Tapia ("Chiquitapia"), no podrá explicar estos manejos, junto con casos como Javier Faroni. El nuevo ministro de Justicia revisará el caso, posiblemente designando a Alejandro Ramírez en IGJ, con veedores en una o dos semanas.
El trámite ya había sido aprobado en la gestión anterior, pero el ministro lo reevaluará, generando tensión por el tiempo que demore la intervención en la AFA.