La jueza Sandra Arroyo Salgado investiga el suicidio del soldado Rodrigo Gómez en Olivos y descubrió una banda que opera delitos desde cárceles bonaerenses usando celulares: siete procesados, tres presos y cuatro mujeres por extorsión digital vía apps de citas falsas.
Los celulares secuestrados revelan una pyme de delitos que enseña a delinquir: extorsiones fingiendo chats con menores, robos, asaltos a cuevas de cambio. La jueza ofició al ministro Juan Martín Mena para controlar celulares en penales.
Audios impactantes muestran presos naturalizando el robo como laburo: "Roban un par de millones", "Todos roban en todos los penales", planes con cuentas truchas y robos al salir como asaltar cuevas en San Justo o Microcentro por cien mil dólares.
Se menciona la excepción pandémica de 2020 que permitió celulares, pese a la prohibición de 2017 en gobierno de Macri. Presos engomados laburan todo el día cometiendo delitos, incluso la TikToker Malala tenía teléfono pese a estar presa 13 años por asesinato.
Panelistas critican que agentes penitenciarios ingresan celulares ilegalmente por plata, y que los presos planean fábricas de delitos al salir.