El juicio por el hundimiento del ARA San Juan en noviembre de 2017, que causó la muerte de 44 tripulantes, comenzó en Santa Cruz con acusaciones contra cuatro jefes de la Armada por estrago culposo agravado y incumplimiento de deberes de funcionario público.
Los informes técnicos revelaron que el submarino salió con 33 observaciones técnicas, incluyendo filtraciones de agua, sin cumplir el estancamiento en seco obligatorio. Se les encomendó tareas de reconocimiento y vigilancia en el Mar Argentino pese a conocer los desperfectos, ordenados por el contralmirante Luis Enrique López Maceo.
El siniestro involucró entrada de agua por tubo de ventilación, incendio en baterías y posterior implosión, hundiendo el submarino a mil metros de profundidad, más allá de los 100 metros permitidos por su estado. Familiares expresan escepticismo por pericias pendientes y demora en desclasificar información militar secreta.
Las querellas, lideradas por Luis Taglia Pietra y Valeria Carreras, representan a las 44 familias y critican el silencio inicial de autoridades, demoras en búsqueda y alertas tardías. Ocurrió durante la gestión de Mauricio Macri, con críticas a Oscar Aguad, exministro de Defensa, aunque sin responsabilidades políticas judiciales hasta ahora.
El juicio oral público durará meses, alternando audiencias y usando Zoom por la distancia, con posible desclasificación de datos a mitad de año.