El gobierno nacional implementará una reforma laboral en cárceles para quitar el aguinaldo y las vacaciones a los presos que trabajan intramuros, revirtiendo fallos judiciales desde la era Cristina Fernández de Kirchner que los equiparaban a la ley de contrato de trabajo.
Un inciso en la nueva ley laboral distingue el trabajo en prisión del externo, permitiendo excluir prestaciones como vacaciones. Actualmente, los presos reciben pago equivalente al 80% de un salario mínimo, parte para cantina, familia y fondo al salir, pero el gobierno lo ve excesivo.
Patricia Bullrich, vía el Servicio Penitenciario Federal, ya limitó pagos a horas reales trabajadas (de 8 judiciales a 3 efectivas), desafiando fallos. Un precedente de La Pampa, no apelado por Julio Alak, obligaba pagos plenos pese a subempleo.
Panelistas destacan que el trabajo carcelario busca resocialización y oficios para reinserción, pero rechazan beneficios laborales plenos por irrisorios. La medida se blinda ahora con la reforma, indignando ante el kirchnerismo que lo defendía.