La CGT anunció que presentará una acción judicial en el fuero laboral y contencioso administrativo para impugnar la reforma laboral aprobada el viernes pasado, con el objetivo de obtener una medida cautelar que suspenda su instrumentación.
Los dirigentes sindicales argumentaron que la ley vulnera el carácter protectorio de la legislación laboral vigente, el principio de progresividad de los derechos sociales consagrados en la Constitución Nacional, el derecho a huelga en servicios esenciales según el artículo 14 bis y tratados internacionales como el Pacto de San José de Costa Rica, y el régimen de indemnizaciones.
Un constitucionalista explicó que la judicialización se centra más en derechos individuales del trabajador que colectivos, y que aunque hay puntos inconstitucionales, es improbable una declaración general de inconstitucionalidad ahora, pero sí en casos testigo individuales.
Los sindicales confiaron en la Justicia para que declare la inconstitucionalidad y sea acatada por el Ejecutivo y Legislativo, criticando al gobierno por priorizar la especulación financiera sobre la producción y el trabajo.