La Cámara de Casación debe resolver si convalida el juicio en ausencia para los acusados iraníes y libaneses del atentado a la AMIA, tras más de 30 años de impunidad en la causa.
La gestión libertaria impulsó en el Congreso la ley específica para este caso, aplicable a crímenes de extrema magnitud como violaciones a derechos humanos y terrorismo, donde encuadra la voladura de la sede de la AMIA.
El juez Daniel Rafeca y el fiscal Sebastián Basso de la UFI-AMIA respaldan su aplicación, pese a la oposición de las defensas que alegan inconstitucionalidad y no retroactividad.
Fiscales y jueces previos fueron condenados por plantar pruebas falsas, y la causa arrastra interferencias de inteligencia desde sus inicios, convirtiéndola en el expediente más antiguo en Comodoro Py.