El consejo directivo de la Universidad de Córdoba votó por unanimidad la emergencia salarial, presupuestaria y de becas estudiantiles por inflación y falta de fondos.
Reiteraron exigencia de cumplimiento de la Ley 27.795 de financiamiento universitario aprobada en 2025, pero obstaculizada por el Gobierno Nacional, que ahora propone modificarla vía sesiones extraordinarias.
La insuficiencia compromete salarios, proyectos académicos, investigación e infraestructura, según la declaración.
Paula Abate, secretaria general de la Asociación de Docentes, criticó la no implementación de la ley tras cinco meses y el nuevo proyecto gubernamental, al que gremios y CIN se oponen.