El Senado aprobó la baja de la edad de imputabilidad a 14 años en la ley penal juvenil, impulsada por el gobierno. Un joven que cometa un homicidio ahora puede recibir una pena de hasta 15 años de prisión.
Para delitos con penas de entre 3 y 10 años, se aplicarán alternativas como amonestaciones, probation o prisión domiciliaria, pero ahora la opinión de la víctima es vinculante. Si la víctima se opone, no se concede la probation ni medidas alternativas, garantizando control sobre el menor.
En casos graves como secuestro, homicidio o abuso sexual agravado, los menores cumplirán pena en institutos específicos, no compartiendo con adultos. Se propone regionalizar estos institutos según la delincuencia juvenil en cada zona.
El tratamiento para menores de 14 años se enfoca en prevención para evitar delincuencia futura, enfatizando la voz de la víctima y el cumplimiento efectivo de penas.