El Senado aprobó la ley de responsabilidad penal juvenil con 44 votos a favor, 27 en contra y una abstención, reduciendo la edad de imputabilidad a 14 años para delitos graves, en una sesión presidida por Victoria Villarruel con tensiones entre Patricia Bullrich y el kirchnerismo.
Expertos debaten la implementación: la ley no regula institutos para menores, que dependen de provincias, y los chicos irán a los mismos lugares actuales por falta de fondos e infraestructura. Insisten en prevención mediante educación, salud, deporte e iniciación laboral, criticando la cultura tumbera y casos como los de Brian, menores de 15 que cometieron homicidios y fueron enviados al exterior o liberados.
Atilio Álvarez, ex defensor, y Julia Márquez, jueza de ejecución penal, destacan el mensaje disuasorio de la ley y la necesidad de resocialización, pero advierten riesgos de estigmatización, malas juntas en institutos y falta de recursos humanos para intervenir tempranamente en adicciones y transgresiones familiares.
Se critica la impunidad actual, con ejemplos de reincidencia y velorios de menores delincuentes, y se cuestiona a opositores que reclaman derechos infantiles sin proponer soluciones preventivas. El espíritu de la ley enfatiza educación para evitar que chicos queden rehenes de carteles criminales.