Las víctimas de homicidios cometidos por menores celebraron la aprobación en el Senado de la ley penal juvenil que baja la edad de imputabilidad a 14 años, aunque lamentan que no sea retroactiva y entre en vigencia recién en 180 días tras su publicación en el Boletín Oficial, prevista para el lunes y efectiva en agosto.
Romina Monzón, madre de Jeremías Monzón, asesinado por menores de 14 y 16 años que quedaron libres, y la senadora Carolina Lozada destacaron el cambio de eje hacia las víctimas, que ahora recibirán atención prioritaria, mientras Nicolás Sabo, hijo del chiosquero asesinado en Ramos Mejía por un menor de 15 años con antecedentes, subrayó que la muerte de su padre era evitable por negligencia estatal y que el esfuerzo colectivo valió la pena para el futuro.
La ex jueza correccional de Zárate Campana, Raquel, calificó la norma como un "peldaño institucional importante" que obliga a jueces a intervenir con monitoreo multidisciplinario, critica la edulcoración del lenguaje sobre "niños en conflicto con la ley" y enfatiza la responsabilidad parental y derechos de víctimas, aunque prefiere imputabilidad desde los 12 años por la mayoría de delitos en malas juntas.
Raquel denunció el daño del abolicionismo penal enseñado en universidades, que formó a jueces y fiscales, y criticó a Eugenio Raúl Zaffaroni por su rol; cuestionó la naturalización de menores armados por tráfico ilegal de armas sin escándalo fiscal, y defendió que cárceles no son "jaulas" sino espacios mejorables con visitas judiciales para suplir faltantes como médicos.
Se mencionó el caso canadiense de un niño de 11 años condenado a perpetua y la necesidad de perspectiva victimaria en la nueva defensora general, con nombres como Rosa Salgado sonando para el cargo.