El Senado nacional continúa el debate sobre la reforma del régimen penal juvenil, que propone bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años para delitos graves como homicidios, violaciones, secuestros y robos violentos, reemplazando la ley 22.278 de la dictadura con medidas socioeducativas obligatorias, tratamientos psicológicos, seguimiento judicial, escolarización y programas de reinserción.
Los senadores analizan si esta baja reduce los delitos, si ofrece resarcimiento a víctimas, la disponibilidad de centros adecuados para menores, la preparación de la sociedad para su reinserción y la constitucionalidad frente a tratados internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño, además de los costos presupuestarios del nuevo sistema.
El oficialismo argumenta que hay un aumento de delitos violentos por menores usados por bandas criminales y urge su aprobación, mientras la oposición sostiene que representan solo el 2% al 5% de delitos graves según estadísticas judiciales. Se necesita mayoría simple para aprobar sin cambios y sancionarla hoy; de lo contrario, vuelve a Diputados.
El debate genera fuerte exposición mediática y movilizaciones, con impacto regional tras la ley bases impulsada por el Ejecutivo, y los senadores oficialistas defienden la reforma laboral por reducir litigiosidad, ampliar periodo de prueba, modificar indemnizaciones y crear fondos sectoriales para fomentar contratación formal en pymes, contra críticas de sindicatos por flexibilización de derechos.