Expertos debaten la nueva ley que permite imputar a menores desde los 14 años, destacando su rol como marco normativo para evitar que regresen al hogar familiar tras delitos graves.
La abogada penalista Eugenia Machi, víctima de Cromañón y defensora de menores en San Martín, celebra el sentido común de la norma pero advierte déficits en implementación y necesidad de mejorar dispositivos.
Martín Cáceres y otros analistas coinciden en que actualiza una ley de 42 años obsoleta, permite respuestas tempranas a delitos iniciales y exige recursos provinciales para centros de detención en zonas calientes como conurbano bonaerense.
Diego Armesto cuestiona si las provincias tienen infraestructura para alojar a los menores, recordando objeciones previas por falta de presupuesto nacional.