El debate en el Senado sobre el régimen penal juvenil baja la edad de imputabilidad a 14 años, con consenso evitando los 13 propuestos inicialmente por el gobierno para respetar normas internacionales, aplicándose a delitos tipificados hasta los 18 años.
La ley promueve responsabilidad legal, resocialización e integración social mediante penas como prohibición de contacto, monitoreo electrónico, reparación del daño y privación de libertad solo para graves como homicidio o secuestro, en domicilios, institutos abiertos o especializados.
Carolina Lozada alerta que el crimen cambió y los narcos reclutan cada vez más jóvenes, contando historias de madres en Rosario como en barrio Tablada donde soldaditos mueren antes de la mayoría de edad y reclutan a hermanos menores.
La legisladora insiste en adaptarse a la realidad actual, rechazando leyes del siglo pasado que no funcionan, y enfatiza que cada víctima deja un vacío irreparable en las familias.
El juez verifica cumplimiento con participación opcional de la víctima, revocando penas no cumplidas por privativas de libertad.