El Senado nacional debate con tensión la modificación a la ley de glaciares impulsada por el gobierno de Javier Milei, que transfiere a las provincias el control sobre áreas periglaciares para facilitar inversiones mineras por 55 mil millones de dólares. El oficialismo suma al menos 37 votos con apoyo de senadores cordilleranos de distintos bloques, mientras activistas de Greenpeace protestan desde las 6 de la mañana.
El senador Bruno Oliveira defiende el proyecto argumentando que devuelve el federalismo a las provincias, permite estudios técnicos de campo para verificar si geoformas periglaciares aportan recursos hídricos y no deroga protecciones glaciares existentes. Explica que el inventario actual del IANIGLA usa imágenes satelitales imprecisas y que provincias como San Juan ya controlan minería con apoyo de CONICET y la Universidad Nacional mediante perforaciones y análisis.
Andrés Napoli, director de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), critica la reforma por violar presupuestos mínimos constitucionales de protección ambiental, arriesgando un "feudalismo ambiental" donde provincias compitan bajando estándares. Insiste en que el inventario nacional del IANIGLA es científico y preciso, y advierte contra confundir evaluación de impacto ambiental con determinación de áreas protegidas.
En el cruce, Oliveira desafía a los críticos a beber agua de ríos cordilleranos a 4.000 metros para probar su pureza, critica burocracia que frena desarrollo en suelos estériles y destaca 25 años de minería responsable en San Juan. Napoli rebate cuestionando empleos generados por proyectos como La Alumbrera y subraya que glaciares son reservas estratégicas de agua dulce, no solo para minería.
Ambos coinciden en problemas ambientales en Buenos Aires como el Riachuelo, pero divergen en si las provincias tienen capacidad técnica para reemplazar controles nacionales sin riesgos de contaminación por voladura de montañas en busca de vetas minerales.