El gobernador Ricardo Quintela no se arrepiente de sus declaraciones sobre un posible fin del gobierno de Javier Milei antes de 2027 y las justifica como una visión política basada en el creciente descontento social que podría generar una olla a presión explosiva.
En entrevista posterior a la denuncia del fiscal Carlos Stornelli, Quintela reafirma haber instado a la CGT y dirigentes como Héctor Daer y Andrés Rodríguez a tomar decisiones fuertes similares a 2001 con el lema "que se vayan todos", reconociendo 39 muertos pero argumentando que hay sacrificios que valen la pena para evitar un genocidio social.
Stornelli califica estas palabras como posibles delitos: artículos 209 (instigación a delitos), 211 (intimidación pública), 212 y 213 (incitación a violencia colectiva), 226 bis (amenaza de sedición) del Código Penal, citando afectación al orden constitucional.
Similar denuncia contra la senadora Florencia López por amenazar en el Senado que "el pueblo se va a despertar y no van a alcanzar los helicópteros" para que escapen como antes, con agravante por ser funcionaria pública.
El panel concluye defendiendo la acción judicial para proteger el orden constitucional basado en el voto popular, recordando intentos similares en el gobierno de Alberto Fernández y alertando que las palabras políticas tienen consecuencias.