Jorge Sola vinculó la represión policial al creciente descontento social generado por la crisis económica, con una encuesta de Bloomberg que muestra que cada vez más argentinos descreen de un futuro mejor bajo el gobierno de Milei. Destacó la caída de más de 300.000 puestos de trabajo, cierre de empresas, pérdida de poder adquisitivo y endeudamiento familiar, lo que rompió el tejido social y motivó el reciente paro nacional con alta adhesión incluso de no sindicalizados.
Sola criticó el crecimiento económico del 4,5% como falso, basado solo en finanzas, agro y energía que generan poco empleo, ignorando la destrucción en industria y servicios. Reveló que la conflictividad gremial se duplicó en dos años por causas laborales, concentrada en Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, con cierres como FATE (900 trabajadores) y Galeno (600), afectando estatales, jubilados y policía.
Denunció la nueva ley laboral como regresiva e inconstitucional por violar la progresividad de derechos sociales, eliminando el fuero laboral nacional y saturando juzgados porteños inexistentes. La CGT planea movilización y denuncia judicial, acusando a legisladores y gobernadores de traicionar mandatos populares pese a movilizaciones masivas y paros que paralizaron el país.
Sola cuestionó la ausencia de ministros como el secretario de Trabajo y la falta de discurso productivo del gobierno, que prioriza finanzas sobre industria. Atribuyó la aprobación de la ley a presiones del FMI y compra de voluntades, con gobernadores como Pullaro, Llaryora y Torres dando la espalda a trabajadores tras reuniones iniciales.