La defensa de Nicolás Maduro, preso en Estados Unidos, solicitó a un juez federal en Nueva York que obligue a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) a liberar fondos del Estado venezolano para costear su juicio y defensa legal.
El equipo legal argumentó que Maduro carece de recursos propios y que las sanciones vulneran sus derechos constitucionales, incluyendo el derecho a un abogado bajo la Sexta Enmienda.
En una carta del 20 de febrero de 2026 al juez Alvin, acusaron a la OFAC de sabotear el proceso al bloquear las cuentas públicas venezolanas.
Los abogados destacaron la ironía de que EE.UU. emita licencias comerciales para Venezuela pero ignore la factura legal de Maduro, amenazando con una moción formal si no liberan los fondos.