En un giro impactante en la investigación del suicidio del soldado Rodrigo Gómez en la Quinta Presidencial, se detiene a una mujer que trabajaba en el centro de monitoreo de Morón, contratada en 2025 sin antecedentes, militante del Movimiento Evita. Esta mafia de extorsionadores usaba perfiles falsos femeninos para atrapar a víctimas como Gómez, quien pagó casi un millón y medio de pesos antes de quitarse la vida, dejando una carta desesperada. La banda incluía presos en Magdalena y Olmos que operaban con celulares ilegales, y la mujer despedida la semana pasada formaba parte del esquema, aportando logística y verosimilitud con fondos de comisarías en las llamadas.
La jueza Arroyo Salgado avanza en la causa con allanamientos en penales donde se hallaron vínculos con cuatro mujeres extorsionando a hombres, incluyendo audios terroríficos que Gómez recibió, fingiendo ser policías o familiares en peligro. El municipio de Morón se pone a disposición de la Justicia, revelando que la detenida monitoreaba cámaras para combatir delincuencia pero traicionaba el sistema. Este caso expone la impunidad en cárceles, donde presos realizan lives en TikTok mostrando tutoriales de extorsión en vivo, con llamadas creíbles que incluyen amenazas de ir al domicilio o involucrar a la familia.
Los métodos son escalofriantes: chips de celulares ingresan escondidos en rollos de papel higiénico durante visitas, envueltos en capas para evadir requisas, un negocio millonario que involucra hasta guardias carcelarios detenidos en casos similares en Santa Fe. En la era de Alberto Fernández, se descubrió una línea telefónica fija en una celda de la cárcel federal, permitiendo operaciones sin cortes. La indignación crece por la falta de controles en centros de monitoreo y cárceles, donde delincuentes no solo delinquen desde adentro sino que corrompen a quienes deberían combatirlos, dejando víctimas como Gómez en pánico total por estafas avergonzantes que nadie denuncia.
Expertos destacan lo común de estas estafas sexting, donde se finge contacto con una menor para chantajear, explotando el pudor de las víctimas. El tono de las llamadas es brutal, con amenazas directas y fondos verosímiles que convencen a cualquiera, especialmente a un soldado solo y lejos de su familia. Este escándalo abre preguntas sobre quién hace los castings en la administración pública y cómo se permiten celulares en prisiones, un call center del crimen que opera a la vista de todos.