El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo, intima a los gremios La Fraternidad y Unión Tranviarios Automotor (UTA) a abstenerse de medidas de acción directa, como el paro previsto para mañana, mientras rige la conciliación laboral obligatoria. Cualquier incumplimiento podría llevar al quite de la personería jurídica.
El panel discute las implicancias: los gremios deben acatar la orden para evitar sanciones, ya que el Estado protege el derecho al trabajo y el transporte público esencial. Se critica el sistema extorsivo de los sindicatos, que impiden a choferes voluntarios trabajar mediante sanciones, echas o escraches, afectando al pueblo que paga los platos rotos.
La empresa Dota comunica que sus unidades estarán disponibles para los conductores que cumplan con sus turnos, reiterando la obligación de laborar pese a las amenazas de paro. El panel retó al Ministerio de Seguridad a establecer una línea de denuncia (134) para reportar coacciones contra quienes quieran trabajar.
Se enfatiza que el paro no beneficia al trabajador, sino a una burocracia sindical sin legitimidad popular, y que el gobierno busca garantizar el traslado para laburar sin descuentos, comparándolo con servicios esenciales como hospitales.