En un informe cargado de tensión, Luis Majul revela la versión del gobierno sobre el cierre de FATE: una extorsión pura orquestada por el empresario Javier Madanes Quintanilla y posiblemente en combinación con sindicalistas duros. El gobierno acusa a FATE de haber estado quebrada hace años, eligiendo el momento del paro general y la votación de la reforma laboral para anunciar el cierre y presionar. Fuentes del Ministerio de Economía lo tildan de empresario prebendar, mientras se menciona la conflictividad histórica del sindicato SUTNA y reuniones previas con el secretario de Industria, José Ignacio de Mendiburu.
El panel discute videos de archivo que muestran conflictos similares durante el gobierno de Alberto Fernández, con Sergio Massa como ministro de Economía, incluyendo intentos de conciliación obligatoria en 2021, 2022 y 2023. Se critica a legisladores de extrema izquierda por cambiar de posición según estén en el poder o no, y se destaca que el cierre afecta a 920 familias. Marcelo Quirós, empleado con 19 años en la empresa, relata el shock de encontrar la planta cerrada con candado y cadena durante sus vacaciones, y explica la decisión de permanencia pacífica en la puerta para reclamar.
El debate se calienta con intervenciones sobre propiedad privada: panelistas advierten a los trabajadores contra tomar el predio, recordando casos como Nostramagre y Luzramán que terminaron en causas penales. Se menciona que la empresa indemnizará según la ley, pero Quirós insiste en la permanencia para pelear los despidos. Se cuestiona la homologación del último acuerdo paritario y la dirigencia del SUTNA, con acusaciones de inconsistencias del delegado.
Damián y otros panelistas atribuyen el cierre a un modelo protegido por patentes de importación y bajos niveles de productividad al 33,5%, culpando tanto al empresario como al sindicato. Se enfatiza solidaridad con los trabajadores en un contexto de crisis laboral, recomendando cobrar indemnizaciones mientras se busca reincorporación vía conciliación obligatoria propuesta por el gobierno, que abriría 15 días de negociación.