El nuevo gobierno chavista en Venezuela avanza con la aplicación de una inédita ley de amnistía general. La fiscalía solicitó a los tribunales la libertad de las primeras 379 personas un día después de su aprobación, atendiendo un total de 1.557 solicitudes.
El jefe del Parlamento oficialista, Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta encargada, afirmó en rueda de prensa que se está respondiendo de inmediato. Sin embargo, se desconoce cuántos excarcelados corresponden a presos políticos, y el proceso no es automático: los afectados deben solicitarlo ante tribunales.
En conexión en vivo desde Caracas, la periodista Elizabeth Ostos explicó que los tribunales, cooptados por el chavismo, deciden caso por caso. Casos de militares y detenidos por la ley del odio requieren revisión parlamentaria o del ministro de Interior Eduardo Cabello. Los familiares de presos políticos dudan de la garantía de liberación general.
Además, informes indican que asesores de seguridad y médicos cubanos abandonan Venezuela ante la presión de Estados Unidos para desmantelar la alianza con Cuba. Ostos reportó salidas sigilosas desde meses, incluyendo detenciones en la frontera con Brasil, y el desmantelamiento del aparato de seguridad tras la extracción de Nicolás Maduro el 3 de enero, con 32 militares cubanos fallecidos.