En la entrevista de Dosis Semanal, Gabriel Solano profundiza en el cierre de la fábrica FATE, que dejó a 920 trabajadores directos y más indirectos sin empleo, generando un conflicto laboral intenso al inicio de la semana. Solano explica la media sanción de la ley laboral con el cambio en el artículo 44, que quitaba el 25% del ingreso a trabajadores enfermos, usando ejemplos concretos de impacto negativo en los derechos laborales, como indemnizaciones, banco de horas, derecho a huelga y lockout patronal. Critica que la reforma no genera empleo registrado, sino que cierran empresas diariamente a pesar de las supuestas flexibilizaciones ya implementadas en la ley de bases, como reducción de multas por trabajo no registrado, extensión del período de prueba a nueve meses y creación de la figura del colaborador sin cobertura de la ley de contrato de trabajo.
Solano desmonta el argumento oficial de que leyes flexibles crean empleo, citando estudios que muestran destrucción de cientos de miles de puestos formales y aumento del trabajo no registrado, sin base empírica global que respalde lo contrario. Cuestiona el programa económico del gobierno, que promete crecimiento vía reforma laboral e impositiva para impactar en el empleo a mediano plazo, afirmando que no se ve en las acciones actuales, con dos años de gestión que solo prometen sin resultados. Destaca problemas reales de costos económicos no atribuibles a salarios, como costos financieros elevados por tasas de interés altas para mantener el tipo de cambio pisado y carry trade que beneficia a amigos de Caputo, costos energéticos para empresas como Vaca Muerta, logística deficiente y falta de obra pública.
En cuanto a la reforma impositiva, Solano aclara que reduce impuestos a empresas significativamente, pero no al trabajador, quien sigue pagando el 11% para jubilación, 3% para obra social y aportes sindicales intocados por acuerdo gubernamental. Critica la cuota sindical forzada como un pacto entre empresas y sindicatos que aleja a dirigentes de los trabajadores, priorizando cajas sobre servicios y derechos. Explica que la carga patronal baja de diez puntos a dos para nuevos contratos, beneficiando solo a empresarios en un 80%, mientras el trabajador mantiene su carga intacta, confirmando que es una ley puramente patronal. Conceptualiza jubilación y obra social como salario diferido e indirecto, no mero impuesto.
Solano expresa pesimismo sobre el impacto, argumentando que no hay optimismo posible dada la realidad económica estancada. Predice que la ley avanzará en el Senado sin reacción popular, similar al voto previo del artículo 44, y se despide agradeciendo la oportunidad de exponer estas críticas al país.