Alejandra Gómez, presidenta de la Confederación de Farmacéuticos, alerta sobre una crisis en las farmacias nacionales que podría derivar en una emergencia prestacional y sanitaria, afectando a más de 5 millones de afiliados de obras sociales y prepagas, especialmente PAMI, con demoras en pagos desde diciembre que impiden reponer medicamentos.
Las farmacias compran a droguerías con plazos estrictos de 15 días, pero reciben pagos atrasados de obras sociales, financiando el sistema hasta el límite y enfrentando costos laborales, impuestos y alquileres. Los aumentos en prepagas no se traducen en pagos oportunos a farmacias, creando un cuello de botella que compromete el acceso a medicamentos para todos los pacientes, no solo jubilados.
Se busca diálogo con obras sociales, industria y Estado para evitar la emergencia, que afectaría la reposición de stock y el sostenimiento económico de las farmacias. La situación se agudizó a principios de año, con prestaciones de diciembre aún sin abonar.
Gómez enfatiza que la cadena se corta por atrasos, particularmente de PAMI, la mayor obra social, y urge soluciones para garantizar el acceso al medicamento sin impacto en pacientes.