Dosis Semanal continúa su análisis de la semana tensa en Argentina, destacando el conflicto en FATE con cerca de 1.000 empleados en riesgo, enmarcado en la discusión de la reforma laboral que busca facilitar despidos o blanquear trabajadores en negro sin derechos como aguinaldo o vacaciones. Se abrió el debate sobre apoyos, con incógnitas en diputados peronistas de provincias, mientras la economía no da respiro con inflación esperada al 2,5% en febrero y apreciación de la moneda, haciendo que comer en Argentina sea más caro que en España o EE.UU. El salario no acompaña, y la generación de empleo depende de esta ley que ahora va al Senado.
Se logró media sanción con 135 votos en Diputados para la modernización laboral, con episodios lamentables en la Cámara. El gobierno negoció estratégicamente con gobernadores y sindicatos, preservando la carga patronal intacta, pero improvisó en el artículo 44, eliminándolo casi por completo al final, lo que obligó a volver al Senado. Este artículo original no distinguía licencias médicas graves de menores, una bestialidad que aliados del PRO detectaron y rechazaron, evitando mayor despelote junto a radicales. El kirchnerismo intentó empiojar el proceso al no tener números.
La inexperiencia de Karina Milei, Martín Menem y Manuel Adorni se nota en la negociación compleja, aunque manejada bien políticamente. En beneficios para trabajadores, oficialistas aseguran no impacto en derechos adquiridos ni retroactividad, pero genera dudas sobre indemnizaciones futuras. El economista Martín Siracusa enfatiza que el impacto clave es el crecimiento económico estancado desde 2008, con empleo registrado informalizado; la ley incentiva contrataciones en blanco y baja cargas sociales un 85% para nuevos empleados, pasando de seis a cuatro conceptos, siempre hacia adelante.
Preocupa el financiamiento del ANSES, con problemas crónicos para jubilados resguardados por el Tesoro, pero desconectado de esta ley. El analista Marcos Novaro ve riesgo si la economía no crece con bajada de impuestos, destacando locomotoras como minería, energía, agro y sistema financiero, aunque crédito congelado por tasas altas. La reforma incluye cambios en indemnizaciones con base y topes nuevos, fondo FAL para despidos, salarios por productividad, jornadas hasta 12 horas con banco de horas (acordado), prioridad a convenios empresariales, 75% de servicios mínimos en huelgas y blanqueo con menos cargas patronales. Se necesita inversión privada y quizás obra pública para reconversión, tolerando cierres como FATE que dejó de invertir.