En 2026 se celebran los 10 años del Acuerdo de Paz en Colombia, coincidiendo con un año electoral. Datos de la ONU muestran inseguridad, reclutamiento de menores y crecimiento de grupos armados. La directora de la Organización Feminista Colombiana Vamos Mujer, Cristina Ríos Rodas, analiza el rol de comunidades y mujeres en consolidar la paz. La organización, con sede en Medellín, Antioquia, trabaja por autonomía femenina, economías transformadoras, ecofeminismo, agroecología, soberanía alimentaria, cuidado del agua y entornos protectores contra violencias.
La política de Paz Total del gobierno de Gustavo Petro busca negociar con grupos armados y conectar con la implementación del acuerdo de 2016, con inversiones sociales en territorios afectados. En Antioquia, diálogos socio-jurídicos involucran 16 estructuras ligadas al narcotráfico, pero hay un balance agridulce: disminución de homicidios en Medellín, pero expansión del control territorial. Ríos Rodas critica la falta de participación de la sociedad civil, falencias jurídicas y metodología poco clara en las mesas de diálogo.
En gira por París promoviendo el programa Ensemble pour la Paz (Vamos por la Paz), impulsado por la red Francia-Colombia Solidaridad y apoyado por la Agencia Francesa de Desarrollo, se enfatiza el reclutamiento de niños y adolescentes. En 2024, la ONU reportó 450 casos a nivel nacional; Indepaz indica 376 en Cauca, 39 en Antioquia y 25 en 2025. Ríos Rodas advierte subregistro, posiblemente triplicado, afectando a niños campesinos, indígenas y afrodescendientes mediante métodos como enamoramiento, redes sociales y falsas ofertas de empleo, configurando una emergencia nacional y crisis humanitaria.
Organizaciones como Vamos Mujer fortalecen entornos protectores, formación y sensibilización para prevenir reclutamiento, emitiendo alertas tempranas, pero exigen estructuras de protección robustas. En oriente antioqueño, expansión de grupos como Clan del Golfo (casi 10.000 miembros, +30%) y ELN (negociaciones congeladas) incursionan en vida cotidiana, mezclando economías populares e ilícitas, generando extorsiones, violencia sexual, trata y control social, legitimándose al mediar conflictos.
El conflicto se ancla en desigualdades y modelos extractivistas; se exige justicia socio-medioambiental con mirada feminista. Global Witness reportó 48 defensores ambientales asesinados o desaparecidos en 2024, haciendo a Colombia el país más letal. Protección a lideresas es insuficiente; se construyen protocolos de autoprotección y alianzas estatales, pero vidas siguen en riesgo. En año electoral, Río Rodas pide continuidad del proceso de paz, sostenibilidad territorial, transformación de estructuras de militarización y cabida en la vida cotidiana.