La Corte Suprema de Estados Unidos anuló este viernes la mayor parte de los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump, considerando que se extralimitó en su autoridad. Por seis votos contra tres, el alto tribunal dictaminó que la ley no autoriza gravámenes generales, bloqueando una herramienta clave de su agenda económica, aunque no afecta aranceles específicos como los del acero, aluminio o automóviles. Trump respondió anunciando un arancel global del 10% para sortear el fallo, y ha dicho que litigare los años necesarios contra demandas de importadores para recuperar lo pagado.
El fallo genera incertidumbre en los mercados, con Trump apoyándose en estos ingresos para compensar el déficit presupuestario, lo que podría llevar a emitir más deuda. En América Latina, podría aliviar la presión comercial, beneficiando a países como Brasil (eliminación del 40% adicional por persecución a Bolsonaro), México (25% ligado al fentanilo), Argentina (acuerdos bilaterales blindados) y andinos como Chile, Perú y Colombia. Sin embargo, hay pérdida de competitividad relativa frente a Asia, y cautela ante posible arancel global del 10%. En Brasil, el gobierno de Lula celebra el desarme del tarifazo, favoreciendo sectores como pescados, uvas y maderas, de cara a la visita a la Casa Blanca en marzo.
En Europa, la Comisión Europea revisará el fallo con cautela, manteniendo contactos con EE.UU. para claridad, mientras sigue trabajando para reducir aranceles (actual 15% general, autos excluidos). Asociaciones como la de Fabricantes de Maquinaria en Alemania destacan la persistente incertidumbre, ya que Trump podría usar otras vías. Mercados europeos cerraron al alza, con lujo subiendo más del 3%, euro recuperando terreno, y alivio temporal en oro y petróleo, aunque este último subió por tensiones EE.UU.-Irán.
Además, EE.UU. e Indonesia firmaron un acuerdo comercial eliminando aranceles indonesios a productos estadounidenses (EE.UU. mantiene 19% a indonesios), firmado por Jameson Greer y Air Langa Hartarto, con contratos por más de 30.000 millones de dólares. Busca evitar entrada de mercancías chinas vía Indonesia para evadir aranceles, pero su vigencia queda en duda tras el fallo del Supremo.