La reforma laboral aprobada en Diputados genera polémica al introducir medidas como el banco de horas, que permite extender jornadas sin compensación adecuada, vacaciones fraccionadas que alteran dinámicas familiares, legalización del monotributo para precarizar el empleo, eliminación de la ley de teletrabajo y un Fondo de Asistencia Laboral financiado con aportes previsionales que podría desfinanciar jubilaciones. Se restringen paros y asambleas requiriendo autorización empresarial, afectando derechos sindicales en un contexto de represión policial a protestas lideradas por Patricia Bullrich.
El cierre de FATE deja 920 despedidos y una toma de fábrica por trabajadores del SUTNA liderados por Alejandro Crespo, en solidaridad con gremios de la CGT y CTA que critican las importaciones salvajes sin control de calidad que inundan el mercado con neumáticos defectuosos, pesando la mitad y sin normas de seguridad, multiplicando accidentes viales como los ocurridos en Brasil. El empresario Madanes, con un emporio de 86 años y ganancias de 190 millones de dólares en balances recientes, es acusado de usar el cierre para beneficios políticos y comerciales, ignorando el impacto en 10.000 familias directas e indirectas en el entramado industrial, proveedores y concesionarias en pueblos remotos.
Durante años de precios estratosféricos de neumáticos, FATE y otras empresas como Pirelli y Bridgestone acumularon ganancias extraordinarias, cuestionando dónde fue ese dinero ahora que alegan insostenibilidad en un contexto adverso, respaldados por el grupo empresarial. La apertura indiscriminada no bajará precios reales, ya que cubiertas baratas pero inseguras provocarán más accidentes en rutas, camiones y ómnibus, en un país dependiente de neumáticos por su escasa red ferroviaria, y cíclicamente enfrenta escasez por fletes internacionales afectados por pandemias.
Los trabajadores se mantienen en la planta para presionar por reapertura, advirtiendo que retirarse bloquearía reclamos futuros, en medio de negociaciones que esperan novedades pronto para restablecer operaciones y evitar que 10.000 familias paguen una disputa entre gobierno libertario y empresarios que usan medias verdades para justificar precarización.