El Parlamento venezolano ha aprobado por unanimidad una histórica ley de amnistía que podría liberar a cientos de presos políticos acumulados en 27 años de chavismo. La ley pasa ahora a la presidenta encargada, Delsi Rodríguez, quien la impulsó tras asumir el poder el 3 de enero luego de la captura de Nicolás Maduro.
La norma beneficia a personas encarceladas o procesadas por motivos políticos entre 1999 y enero de este año, pero será más limitada de lo anunciado porque excluye a quienes promovieron o participaron en acciones armadas contra el país. Tras la aprobación, familiares de presos políticos finalizaron la huelga de hambre que mantenían en protesta por la lentitud y falta de transparencia del proceso. Cerca de 700 personas permanecen detenidas en Venezuela por motivos políticos, según la ONG Foro Penal.
En entrevista con Elizabeth Hostos desde Caracas, se destacan los puntos grises de la ley: excluye a militares procesados por rebelión, a quienes promovieron intervenciones internacionales contra Venezuela solicitando apoyo a potencias extranjeras, y a políticos reincidentes en actividades de rebelión. La supervisión quedará en manos de diputados del oficialismo, quienes decidirán quién entra en la lista de amnistiados, generando incertidumbre sobre el número de beneficiados.
Reacciones en Caracas incluyen protestas de familiares a las puertas del Frente Huaycaipuro, en el Helicoide y en Ivoleíta, exigiendo inclusión del sector militar y criticando exclusiones injustas. Grupos de derechos humanos se reúnen para analizar la ley punto por punto, sin acuerdo ni satisfacción en ciertos sectores de la sociedad. La noticia suscita críticas en redes sociales por especialistas en derechos humanos.