Transición a la cobertura del posible paro de transportes: el Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo, intima a los gremios La Fraternidad (trenes) y UTA (colectivos) a abstenerse de medidas de fuerza mientras rige la conciliación obligatoria. Incumplir implicaría sanciones, incluyendo el quite de personería jurídica.
El comunicado oficial advierte que cualquier acción directa viola la conciliación en trámite, protegiendo el derecho al trabajo y el traslado de la población. Se enfatiza que el Estado defiende al pueblo para evitar descuentos en salarios y problemas laborales, comparándolo con servicios esenciales como hospitales donde los paros no pueden obligar a negligencia.
La empresa Dota comunica que todas sus unidades (listando líneas como 9, 11, etc.) están disponibles para conductores que quieran trabajar, reiterando la obligación de cumplir con turnos habituales. Se abre la línea 134 para denuncias contra quienes no trabajen, destacando el sistema extorsivo de los gremios que sancionan a quienes optan por laborar voluntariamente.
Panelistas critican la debilidad del sindicalismo burocrático sin legitimidad popular, sostenido por el Estado, y lo ven como las "últimas balas" de estos grupos. Se cuestiona quién paga los platos rotos: el pueblo que necesita trasladarse para trabajar, mientras los gremios ignoran la autoridad gubernamental.