El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo, intimó a los gremios Fraternidad y UTA (Unión Tranviarios Automotor) a abstenerse de medidas de fuerza como el paro previsto para mañana, ya que viola la conciliación obligatoria en trámite. Cualquier acción directa implicaría incumplimiento, con posibles sanciones como el quite de personería jurídica si no acatan. El comunicado enfatiza que el transporte público es esencial, comparable a un hospital, y el Estado protege al pueblo para que pueda trasladarse y trabajar sin descuentos.
Los panelistas critican la debilidad del sindicalismo como "superestructura burocrática" sin legitimidad popular, acusándolo de extorsión al sancionar a quienes quieren trabajar, impidiendo que choferes suban voluntariamente a los vehículos. Se destaca que el paro no es obligatorio, pero los gremios lo imponen con amenazas, y el gobierno Milei busca evitar que el pueblo pague los platos rotos. Empresas como Dota confirmaron que sus unidades y conductores estarán disponibles en turnos normales, reiterando la obligación de cumplir.
Se menciona la línea 134 para denuncias de quienes no quieran trabajar, y el Ministerio de Seguridad con la 9-11 abierta. En respuesta a un tuit de Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes, que culpa al "modelo económico de Milei" por el cierre de FATE y habla de 920 desocupados y "crueldad" del gobierno, los panelistas ironizan sobre su "compasión selectiva", mostrando recibos de sueldo de empleados municipales de Quilmes con básicos de 459 mil pesos y netos de 566 mil a 710 mil pesos, criticando la precarización y represión a protestas por aumentos.
Se cuestiona la solidaridad de Mendoza con trabajadores locales, ya que empleados precarizados ganan por debajo de la canasta básica y enfrentan descuentos por paros o pérdida de presentismo. El debate resalta que el gobierno defiende al trabajador real contra los "sindicarcas", y que estas son las "últimas balas" de los gremios en un contexto de protección estatal al pueblo.