El fiscal Patricio Ferrer pidió la prohibición de uso de celulares a 40 imputados por una banda criminal, como se comentó el sábado pasado. La jueza de garantías Andrea Rodríguez Mentazzi, de Garantías 3, accedió con buen criterio a la medida, prohibiendo el uso de sus teléfonos celulares.
Para cuatro de los detenidos, puntualmente aquellos que intervinieron en el homicidio de María Susana Rodríguez Iturreaga, una mujer de 81 años, la prohibición es absoluta de cualquier dispositivo de comunicación, incluyendo bloqueadores e inhibidores, y prohibición expresa de que cualquier intermediario pueda acercarles un celular, con apercibimientos y sanciones.
El tribunal oral número 4 pidió a la unidad carcelaria 28 de Magdalena que investigue sobre otro detenido, Fernández Esteban Alexis, qué maniobras podrían haber salido de la cárcel. Esto inicia un paso fundamental del Ministerio Público Fiscal de San Isidro para erradicar los celulares de las cárceles, vinculándolos con delitos y nexos para conseguir dinero.
Se discute la implementación de teléfonos públicos monitoreados en lugar de celulares personales, recordando que surgió en pandemia pero ya no es necesario. Los celulares permiten manejar delitos desde prisión, y el contacto debe ser controlado, no como en libertad.