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Gobierno ve extorsión en cierre de FATE y acusa a Madanes Quintanilla de empresario prebendario mientras trabajadores exigen indemnizaciones

Centro Derecha · discusión · favorable

En la continuidad del programa, se discute el paro decretado por la CGT para mañana, con detalles sobre servicios afectados como la recolección de basura. El conductor comparte la versión del gobierno, que califica el cierre de FATE como una extorsión pura, planeada desde hace tiempo por el empresario Madanes Quintanilla, quien supuestamente combinó con sindicalistas duros para timing perfecto justo antes de la votación de la reforma laboral en Diputados.

Desde el Ministerio de Economía se destaca que FATE ya venía con problemas crónicos, con conflictos sindicales durante gobiernos anteriores como el de Sergio Massa, quien intentó conciliaciones obligatorias en 2021, 2022 y 2023. El panel cuestiona la narrativa de los sindicalistas, señalando mentiras del líder del SUTNA sobre reuniones previas con José Ignacio de Mendiguren y Pablo Moyano. Se muestra un video de archivo donde Massa criticaba a los dirigentes por no sentarse a negociar, afectando 150.000 empleos en la cadena de valor de neumáticos.

En vivo, el empleado Marcelo Quirós, con 19 años en la empresa, relata el shock del cierre sorpresivo durante sus vacaciones, con candado y cartel en la puerta. Los trabajadores optaron por una permanencia pacífica en la planta para protestar, rechazando ir a casa sin pelear por sus familias. El panel advierte sobre riesgos legales de ocupar propiedad privada, comparando con casos como Nostramil donde trabajadores enfrentaron causas penales por instigación de 'zurdo' sin abogados.

Quirós confirma negociaciones previas con el sindicato, incluyendo rebajas salariales y premios el año pasado, y un acuerdo reciente no homologado por la Secretaría de Trabajo. Critica al delegado por inconsistencias. El panelista Damián describe el cierre como resultado de un modelo protegido por impuestos y cierre de importaciones en gobiernos anteriores, con baja productividad (33,5% capacidad instalada) y falta de competencia. Se enfatiza solidaridad con los 920 familias afectadas, pero se insta a cobrar indemnizaciones legales en lugar de ocupar la planta.

El conductor menciona una propuesta de conciliación obligatoria del gobierno para reincorporar trabajadores por 15 días, mientras se lamenta el drama personal de los empleados en un contexto de escasez laboral.