Se denuncia la impunidad en casos de corrupción, destacando a Martín Lousteau como ex presidente del Banco Central durante el megacanje, quien repitió acciones sin consecuencias. Se menciona a María Josefina Rovira, quien obtuvo un contrato millonario de 114 millones de pesos de la Cancillería para capacitaciones en 2025, pero solo para 10 personas, cobrando casi 56 millones por ello, en cursos casi personalizados. El valor por hora abonado por el Estado triplica los máximos salariales del mercado, alcanzando 31.000 pesos por hora, evidenciando un conflicto de interés evidente por el vínculo familiar con Federico Sturzenegger.
Sturzenegger alquiló cinco pisos y 24 cocheras para oficinas en la CITE, gastando 720 millones de pesos, equivalentes a casi 500 mil dólares, en un ministerio que ya no existe pero sigue costando al Estado. Cada piso cuesta 15 millones mensuales. La Oficina Anticorrupción debería publicar la declaración jurada de Rovira, pero no lo hace, ocultando el parentesco y violando decretos para evitar escándalos. Se pide investigar negociaciones incompatibles con la función pública y dar marcha atrás a la adjudicación.
Sturzenegger, el "ajustador preferido" de Javier Milei, quien lo llama "coloso" y uno de los economistas más brillantes, defiende la motosierra como herramienta para bajar pobreza al reducir gasto público e impuestos. Sin embargo, se critica que afila la motosierra solo para otros, no para su entorno, con despidos de 50.000 empleados que dejan gente en la calle, mientras se crean puestos indirectos por devolución de 2.000 millones de dólares. El debate cuestiona la desocupación creciente y el modelo económico.
Se repasa el DNU que derogó 300 leyes y modificó muchas más, eliminando privilegios de la casta política asociada al kirchnerismo. Se acusa al modelo anterior de un Estado grande que obliga a los ciudadanos a pagar por la casta, contrastando con el ajuste actual que fija el Estado para que paguen menos impuestos, aunque con tensiones sobre inflación y emisión monetaria.