La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó una ley de amnistía que beneficia a presos políticos, sancionada el jueves pasado e impulsada por la presidenta interina Delcy Rodríguez. La norma permite liberar a personas procesadas o condenadas por hechos entre 2002 y 2025, respondiendo a demandas internacionales de Estados Unidos y la sociedad venezolana. Según el Foro Penal, al menos 448 presos políticos han recuperado o recuperarán su libertad desde el 8 de enero.
La discusión destaca la necesidad de una amnistía completa, con desconfianza por exclusiones en la ley y el control del régimen sobre las liberaciones. Se menciona que el mismo sistema judicial que fabricó causas por terrorismo o rebelión decidirá, dejando dudas sobre casos como el de Nahuel Gallo, el argentino detenido por visitar a su familia. Opositores y ONGs critican que delitos graves quedan fuera y que figuras como Diosdado Cabello podrían influir en las decisiones.
El contexto incluye la detención de Nicolás Maduro y modificaciones a la ley de hidrocarburos, con narrativas cambiantes del chavismo. Se cuestiona por qué se actúa ahora y no antes, y se alude a promesas previas de Jorge Rodríguez que no se cumplieron plenamente. Familias esperan en puertas de prisiones, y se destaca la crueldad de detenciones arbitrarias, muchas transmitidas en vivo, como las post-elecciones de julio 2024.
Casos como el de María Corina Machado, inhabilitada y en EE.UU., y manifestantes detenidos en madrugadas sin órdenes resaltan la tensión. La ley busca repatriar exiliados, pero sin garantías, persisten inhabilitaciones políticas. Aunque es un primer paso, falta reglamentación y supervisión externa para una verdadera reconciliación.