Abogados y jueces expresan preocupación por la reforma laboral que regresa al Senado: la Asociación de Magistrados, presidida por Andrés Basso, sostiene en reuniones en la Cámara de Diputados que el fuero laboral nacional no debe desaparecer ni cambiar de jurisdicción, argumentando base constitucional en el artículo 129 y ley 24.588. Basso enfatiza que no es un reclamo corporativo, sino institucional para garantizar intereses del Estado Nacional mientras Buenos Aires sea capital federal. Se cuestiona si el temor es por pérdida de ingresos, comparando salarios de jueces federales versus de la Ciudad, y el Colegio de Abogados alerta por riesgo patrimonial en costas por ambigüedad en peticiones inexcusables.
El punto central radica en las costas y posibles cobros menores para jueces del fuero laboral versus otras ramas del derecho. Ahora, la reforma pasa rapidísimo al Senado, ya en comisión, con idea de sanción definitiva el viernes próximo; el único cambio en Diputados fue sobre licencias médicas, y el gobierno tiene expectativas altas pese a posible rechazo.
Los 11 cambios impactan la vida cotidiana: primero, banco de horas reemplaza pagos por extras con compensación negociada entre empleado y empleador, respetando descansos mínimos de 12 horas diarias y 35 horas semanales. Indemnizaciones se recalculan sin incluir propinas, negro, aguinaldo o vacaciones, basadas en el mejor sueldo del último año, reduciendo litigiosidad por discrepancias judiciales.
La gran polémica es el FAL, Fondo de Asistencia por Desempleo similar al de UOCRA, financiado por 3% de salarios de trabajadores, 1% de empresas y 2,5-3% de aportes patronales, estimado en 3.000-5.000 millones de dólares, administrado por ANSES; Provincias Unidas de los gobernadores se opuso fuertemente, casi derribando la sesión por este artículo.