El proyecto de reforma laboral, con 200 artículos, fue debatido por más de 12 horas en la Cámara de Diputados, avanzando hacia su posible aprobación el 27 de febrero en el Senado. La ministra Patricia Bullrich destacó cinco puntos clave, eliminando el polémico artículo 44 sobre licencias por enfermedad a pedido de la oposición, lo que destrabó negociaciones incluso con gobernadores. Esta ley no modificaba la contratación de trabajo desde hace 40 años, desde el retorno a la democracia en Argentina.
El objetivo principal es incentivar la contratación formal, promoviendo el empleo en blanco especialmente en pymes afectadas por la recesión. Incluye incentivos fiscales y tributarios del gobierno para facilitar la contratación, con un régimen especial para potenciar las pequeñas y medianas empresas. Sindicalistas moderados ven positivo este aspecto, aunque un sector de la CGT anticipa judicializar la ley por inconstitucionalidad una vez que tenga fuerza.
Se prevén cambios en las jornadas laborales, permitiendo extenderlas de 8 a 12 horas con 12 horas de descanso entre jornadas, contrastando con debates globales sobre reducción de horas. En indemnizaciones, se elimina la inclusión de vacaciones, aguinaldos, premios y propinas, basándolas en el salario promedio por actividad actualizado por inflación más un 3% anual, equivalente a un salario por año trabajado según el convenio colectivo.
La reforma busca combatir la "industria del juicio", criticada por empresarios y pymes que evitan contratar por temor a demandas costosas. Se apunta a mayor previsibilidad en relaciones laborales, facilitando inversiones y crecimiento de empleo genuino. El debate resalta tensiones entre incentivos para contratar y protecciones laborales, con negociaciones prolongadas entre Ciudad de Buenos Aires y nivel nacional.