Dictamen de la reforma laboral confirmado para el Senado el viernes 27, permitiendo al Presidente abrir la Asamblea Legislativa el 1 de marzo con la ley aprobada, aunque sin el artículo 44 sobre licencias. La velocidad del trámite sorprende en un tema sensible como la laboral en Argentina, recordando intentos fallidos previos. El gobierno negocia con éxito, aprendiendo de etapas políticas pasadas, y busca ratificar lo aprobado en Diputados para modernizar una ley obsoleta, pero la CGT anuncia judicialización por inconstitucionalidad en principios protectorio del derecho del trabajo y de progresividad de derechos sociales.
Representantes de la CGT argumentan que la ley viola tratados internacionales y resoluciones de la OIT, al promover retrocesos en derechos colectivos e individuales, como limitaciones al derecho de huelga, asambleas y indemnizaciones. Critican la falta de participación de trabajadores y PyMEs en su elaboración, afirmando que no moderniza el mundo laboral al ignorar temas como tecnología, robótica e inteligencia artificial, e incluso deroga la ley de teletrabajo. Insisten en que una ley única no puede abarcar todas las actividades, proponiendo negociaciones por convenio colectivo.
Acciones de la CGT incluyen marchas previas en Plaza de Mayo y Congresos, con planes para protestas y acciones judiciales colectivas e individuales contra artículos específicos como el banco de horas y fraccionamiento. Rechazan equiparar fortalezas entre trabajadores y empleadores, y destacan que la ley beneficia a grandes corporaciones excluyendo representaciones obreras. Discusiones internas buscan unidad, con una voz fuerte externa, y comparan con éxitos previos contra el DNU 70/23.
En debate, se cuestiona la viabilidad judicial de una ley versus decreto, pero la CGT sostiene que la inconstitucionalidad persiste por violación a dogmas constitucionales, con ejemplos históricos. Critican a senadores como Bullrich por no consultar constitucionalistas, y lamentan votos afirmativos de UCR y justicialismo, traicionando principios de defensa de laburantes y corrompiendo mandatos electorales.