Crisis en la justicia laboral por traspaso a la Ciudad de Buenos Aires: El doctor Matías Cremont explica que la nueva ley elimina la Justicia Nacional del Trabajo, transfiriéndola a la Ciudad con solo 10 juzgados frente a 80 nacionales, dejando 30 jueces sin nombrar y competencias federales sin resolver. Esto genera caos, con revisiones en el Tribunal Superior de Justicia designado por el macrismo, priorizando intereses empresariales sobre los de los trabajadores. La ley modifica el concepto de injuria laboral, limitándolo a daños materiales y excluyendo los morales, obligando a los trabajadores a recurrir a vías civiles para daños y perjuicios.
Impacto en empleo negro y teletrabajo: Se eliminan sanciones agravadas por empleo no registrado, dejando solo reclamos por daños y perjuicios en juzgados laborales. La ley deroga la normativa de teletrabajo, eliminando derechos como la desconexión digital, pago de gastos adicionales, provisión de herramientas ergonómicas y conciliación de horarios, afectando especialmente a mujeres con tareas de cuidado. Mantiene vigente la antigua ley de jornada de 1929, ampliando periodos de prueba para trabajadores rurales y casas particulares hasta ocho meses, y para todos hasta seis o doce meses, sin generar más contrataciones como se prometía.
Inconstitucionalidad y limitaciones a la huelga: La reforma contradice el artículo 14 bis de la Constitución, tratados internacionales y convenios de la OIT. Centrales sindicales como la CGT podrían declarar inconstitucionales limitaciones al derecho de huelga, especialmente la exigencia de 75% de presencialidad en servicios esenciales, sin base histórica ya que nunca hubo riesgos en huelgas pasadas. Cada trabajador enfrentará juicios individuales largos.
Modificaciones en licencias y protecciones especiales: Las licencias por maternidad permiten ahora trabajar hasta 10 días antes del parto, acumulando días posteriores, pero en embarazos de riesgo se mantiene el reposo con 100% del salario. Trabajos insalubres como radiología no se modifican, conservando límites de 6 horas diarias y jubilaciones especiales. En caso de renuncia, no se accede al fondo de desempleo, que solo aplica a despidos, y la ley aún no es efectiva hasta su aprobación en Senado y promulgación.