Finalmente se aprobó la reforma laboral en diputados, con el apoyo clave de algunas provincias que generó internas en el peronismo. Se ve el festejo de la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, el jefe de gabinete y Manuel Adorni. Este es el momento más esperado por el gobierno, y se desmenuza con Fede Domínguez, quien destaca que es una reforma histórica desde el marco laboral de los '40 inspirado en la carta laboral del fascismo italiano.
La ley desarma el viejo modelo que lleva a quiebras de pymes por litigios eternos y caranchos, trasladando el fuero laboral a la justicia de la Ciudad de Buenos Aires para mayor equilibrio. Se modifica la fórmula indemnizatoria, se fortalece la validez de arreglos extrajudiciales y se crea un fondo de cese laboral financiado por aportes empresariales para indemnizaciones predecibles. Los abogados irresponsables pagarán costas, evitando demandas sin sustento que demoran años y benefician a nadie.
El nuevo esquema permite distribuir vacaciones a lo largo del año para eficiencia económica y turística, prioriza acuerdos por empresa o región sobre convenios sectoriales, adaptándose a realidades locales como Buenos Aires vs. Jujuy. Aplica a trabajadores actuales y futuros, atacando el estancamiento de empleo formal desde hace 20 años, con 6 millones de puestos registrados pese al crecimiento poblacional.
El fracaso del modelo corporativista se evidencia en la pobreza de trabajadores formales, un fenómeno potenciado bajo Alberto Fernández, donde la pobreza pasó de asociarse al desempleo al empleo mismo. Esta reforma mejora el clima inversor, evita contingencias laborales que asfixian emprendedores y responde a una sociedad harta de un régimen arcaico que generó sindicalistas millonarios y trabajadores pobres, modernizando un país al borde de la hiperinflación con 50% de pobreza.