Sancionada la ley laboral en Diputados con 135 votos a favor y 115 en contra, queda pendiente parte administrativa, legislativa y judicial si se judicializa. Libertarios aportaron 94 votos a favor, consolidando su poder post-elecciones; peronismo mayormente en contra con 93 votos negativos, dos ausentes, y críticas internas a gobernadores peronistas que colaboraron con sus votos. Unión por la Patria, vinculada al kirchnerismo, rechazó la reforma, mientras se discute el impacto en el fuero laboral nacional.
En el debate, María Elena López, del fuero laboral, critica la remoción de competencias hacia la justicia contencioso-administrativa federal, argumentando que no es solo un quiebre sino una reubicación que afecta la independencia judicial. Se menciona un fallo de la Corte que establece instancias intermedias, pero López advierte que si se judicializa, llegará a la Corte Suprema, impactando institucionalmente. Juan Pablo Quiesa, abogado laboralista a favor de modernizaciones, califica la ley como marketing político débil que no moderniza realmente las leyes laborales ni resuelve conflictos, proponiendo reformas profundas cada dos o tres años para un vínculo más armónico entre empleadores y dependientes.
Se discute la desprolijidad política que lleva a eliminar convocatorias para juzgados laborales, con Quiesa aspirante a uno de ellos, y López destacando que los procedimientos duran más de lo ideal por dilaciones, aunque en su juzgado no superan un año y medio. Críticas al sesgo en la justicia laboral, comparado con otros fueros, y al lobby de empresarios y sindicales. La reforma no toca el fuero laboral directamente, pero genera temor por la judicialización excesiva en un país con 80 juzgados laborales en riesgo de transformación.
López enfatiza la formación de jueces y secretarios, con principios de preferente tutela al trabajador sin desequilibrar la balanza, rechazando reclamos infundados. Quiesa coincide en sesgos pero culpa a la política por no invertir en infraestructura, como edificios viejos en Diagonal Norte. El debate cierra con la urgencia de resolver conflictos antes de judicializar, respetando instancias previas como conciliación y arbitraje.