Tras la aprobación de la reforma laboral en el Senado, el foco pasa al paro general convocado por la CGT con alto acatamiento, especialmente en gremios fuertes y transporte, donde se cumplió totalmente en trenes y colectivos, impactando en distintas ciudades del interior del país y haciendo sentir el paro en toda la nación. El hashtag #UnPaísParalizado resume no solo el acatamiento sino el concepto de un país en desguace por la política económica, marcando diariamente el cierre de empresas como FATE con 920 trabajadores despedidos y una ola de destrucción de empleo que deja miles sin trabajo. La reforma laboral representa un retroceso con la eliminación del fuero laboral, protestas masivas en el interior y traición de diputados peronistas que no aseguraron quórum, mientras Milei asiste a foro con Trump y se reporta represión en el Congreso con testimonios impactantes de trabajadores afectados.
El debate en vivo desde la Cámara de Diputados revela el plan del gobierno para aprobar rápidamente la ley y enviarla al Senado el viernes, con una comisión ya convocada para las 10 de la mañana, cumpliendo plazos reglamentarios para regalarle a Javier Milei la reforma antes de la Asamblea Legislativa. Sindicatos como ATE y otros gremios planean un paro de 36 horas si regresa al Senado, en un clima que se caldea con discusiones sobre la conducción de la CGT y posibles movilizaciones o acciones judiciales contra medidas ya frenadas por la justicia en el DNU 70. Aspectos fiscales insólitos en la reforma incluyen quitas de impuestos selectivos al consumo por unos 600 millones de dólares al año a sectores pudientes, como seguros, telefonía, objetos suntuarios (relojes de lujo, piedras talladas, pieles), vehículos de media y alta gama, motos caras, embarcaciones y aeronaves, beneficiando a elites mientras se congela el bono jubilatorio y se elimina la moratoria previsional.
En entrevista con Abel Furlan del Frente Sindical de Unidad, se destaca el alto acatamiento al paro con movilizaciones multitudinarias en Plaza de Mayo pese a las dificultades por el transporte paralizado, y el enorgullecimiento de los trabajadores que buscan conducción hacia objetivos nobles. Los trabajadores temen la pérdida de empleo por cierres de empresas (23.000 en dos años, 300.000 puestos perdidos) y la apertura indiscriminada de importaciones, sumado a salarios insuficientes que obligan a múltiples trabajos para cubrir necesidades básicas. Furlan califica la ley como criminal por sacar el derecho a huelga y propone un plan de lucha con paro de 36 horas y 12 horas de movilización en Plaza de los Dos Congresos cuando se trate en el Senado, rechazando soluciones judiciales y enfatizando que la lucha se resuelve en la calle.
El problema radica en el modelo económico y político del macrimileísmo, que beneficia a elites y poderosos, con legisladores ex Frente de Todos votando quitas impositivas a aeronaves y vehículos de lujo, como admitió Patricia Bullrich a empresarios. Gráficos muestran que en gobiernos peronistas como Cristina Kirchner y Alberto Fernández, la cantidad de empresas y rentabilidad subieron, mientras con Milei-Macri todo cae, con balances negativos en firmas como Molino Cañuelas. La reforma ignora derechos laborales como ultraactividad y banco de horas, priorizando a dueños de empresas en un contexto de miedo y presión sobre trabajadores.