El gobierno está convencido de que el proyecto de ley laboral aprobado en Diputados pondrá fin a la 'industria del juicio', un flagelo que hemorroida y funde pymes al permitir reclamos exagerados sin costo para los abogados. El Colegio Público de Abogados niega su existencia, pero el panel repasa números y detalles de los cambios, como la plus petición inexcusable. La norma establece que si un abogado presenta reclamos sobrestimados sin anclaje real, como pedir cinco años por dos trabajados o vacaciones en el exterior inexistentes, el juez puede declarar plus petición inexcusable y hacer que el abogado pague las costas con su propio patrimonio.
La ley refuerza mecanismos del viejo Código Civil para desincentivar demandas abusivas, obligando a pedidos razonables que favorezcan al trabajador con cobros más rápidos y certeza en cierres de relaciones laborales. Lacha Lázari destaca que esto frena el motor de la industria del juicio que funde pymes, y advierte que depende de jueces que no 'duerman' la norma. El artículo 20 prevé responsabilidad del abogado laboralista por costas si hay sobreestimación inexcusable, como reclamar 100 cuando la causa es por 60, descontando el exceso del 20% de los 40.
La Unión de Aseguradoras de Riesgo de Trabajo presenta datos de enero: 300.000 juicios por riesgos laborales y despidos, con 130.000 nuevas demandas en 2025, un crecimiento interanual superior al de la región. Con 600.000 pymes, hay un juicio cada dos, generando temor a contratar; Argentina tiene 20 veces más juicios que Chile y 10 que España con igual sinistralidad, fomentada por abogados inescrupulosos que priorizan honorarios sobre trabajadores, llevando a quiebras como Fate con gente en la calle. El stock acumulado eleva causas a 640.000, mientras el Colegio de Abogados cita 27.700 sentencias anuales desde 2013 para negar litigiosidad excesiva.
Algunos jueces niegan la existencia de mayor litigiosidad, pero los números muestran un despelote bárbaro para pymes, con un juicio por cada dos empresas. La discusión enfatiza que esta industria no defiende al trabajador real, sino intereses ajenos, y la nueva ley busca equilibrar protegiendo empleo sin costos irracionales.